VIOLENCIA DIGITAL EN EL PERU

Violencia digital en el Perú: Una agenda pendiente

6 MARZO, 2016

Violencia digital

Pocos temas han provocado debates tan intensos y prolongados en nuestro país como el fenómeno de la violencia. En diferentes espacios y contextos, las manifestaciones individuales y colectivas de la violencia han merecido todo tipo de análisis, de los cuales se han desprendido igual número de políticas públicas e iniciativas de los demás actores de la sociedad para combatirla y mitigar las consecuencias negativas de su uso indiscriminado, aún por parte del Estado.

No obstante el aumento de la delincuencia y la violencia familiar son dos de los casos que actualmente concentran mayor atención y recursos, la violencia es un fenómeno transversal y por lo tanto la posibilidad de que se “traslade” a cualquier lugar en donde se relacionen las personas no solo es real sino que se concreta y percibe actualmente en diferentes espacios. Uno de ellos es el entorno digital.

¿Qué es la violencia digital?*

La violencia digital no es sino la manifestación de la violencia en entornos digitales, especialmente en aquellos en donde el flujo de información y la interacción personal son más altos como es el caso de las redes sociales, los servicios de mensajería y las plataformas donde se comparte contenido multimedia.

Así, actos como amenazar a alguien por Twitter, subir mensajes xenofóbicos a Facebook o colgar videos íntimos en Youtube sin el consentimiento de los implicados son algunos ejemplos de cómo se puede ejercer violencia contra otras personas haciendo uso de herramientas exclusivamente digitales.

Y aunque la mayoría de estas conductas suelen ser faltas o delitos que normalmente serían perseguidos y sancionados por los Estados, cuando ocurren en espacios como Internet no queda tan clara la efectividad de estas medidas por dos razones: La primera es que en muchos países las leyes penales enfrentan un desfase en relación a las nuevas tecnologías y la segunda es que los medios digitales favorecen el anonimato y la difusión masiva, haciendo más difícil identificar a los autores de las conductas violentas y minimizar o reparar el daño que han causado sus acciones.

¿Cómo se trata la violencia digital a nivel internacional?

Desde sus inicios, organizaciones internacionales como la ONU y otras regionales como la OEA han buscado a través de sus declaraciones y reportes de derechos que los Estados miembros implementen políticas destinadas a prevenir y mitigar los efectos que la violencia produce y que afectan directamente la realización de los derechos fundamentales de las personas.

Inclusive, en 2003, la OMS publicó el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud en donde además de analizar la incidencia de este fenómeno a nivel global, aventuró una definición muy interesante:

“(La violencia es) El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”

Otros organismos internacionales han desarrollado también líneas de acción frente a manifestaciones específicas de la violencia, especialmente aquella que es ejercida contra las mujeres y los niños. Solo por mencionar un caso, en 2014 la OEA a través del MESCEVI lanzó la “Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos” en donde señala que la violencia en Internet y las redes sociales virtuales también son formas de violencia sexual.

Asimismo, desde el sector privado y la sociedad civil también se han dado iniciativas en todo el mundo que buscan poner en debate estos temas para crear consciencia de los riesgos que implica no adoptar políticas contra la violencia digital en una era en donde Internet es una tecnología omnipresente y las relaciones humanas se desarrollan masivamente en entornos virtuales.

De hecho, en algunos países dichos riesgos ya son realidades que han requerido medidas urgentes para proteger a los afectados por la violencia digital, la mayoría de ellos niños y adolescentes.

¿Cuál es la política del Estado peruano sobre la violencia digital?

Aterrizando estos temas en nuestro país, podemos ver que actualmente no existe ninguna política pública dirigida específicamente a combatir la violencia digital. No obstante, podemos mencionar que en diferentes documentos de trabajo y dispositivos legales se hace mención indirecta a este problema, pero sin que estos esfuerzos se encuentren debidamente articulados.

Por ejemplo, en el “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0” elaborado por la Comisión Multisectorial de Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) hace mención expresa a que el Estado debe mejorar el marco normativo del desarrollo de la Sociedad de la Información apoyando la lucha contra los delitos, mencionando expresamente la pornografía infantil, el racismo y la violencia.

Asimismo, la reciente ley N°30096 de Delitos Informáticos y sus modificatorias ha introducido la figura penal de la proposición con fines sexuales a los niños y adolescentes a través de medios tecnológicos (grooming) que vienen a acompañar a otros delitos como la discriminación o la pornografía infantil que han incorporado a Internet como medio en su redacción, para cubrir los posibles vacíos legales.

Sin embargo, ninguna de estas acciones forma parte de un esfuerzo mayor y en muchos casos son reacciones a situaciones coyunturales. Un claro ejemplo de ello fue la ley N° 29719 “Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas”, cuyo desarrollo incluye también otros actos de violencia digital como el ciberbullying. Esta norma surgió como respuesta al desborde del problema del acoso entre escolares que tuvo como factor decisivo el caso de un menor agredido por sus compañeros que quedó parapléjico.

¿Cuál ha sido el trabajo de otros sectores de la sociedad peruana?

A diferencia del Estado, la sociedad civil sí se ha movido sobre estos temas, quizás entendiendo mejor la naturaleza compleja de tecnologías como Internet y su potencial en la afectación, pero también en la defensa de los derechos humanos. Si bien pocas han tocado directamente el problema de la violencia digital, existen esfuerzos -sobre todo desde las organizaciones que luchan contra la violencia de género- por acercarse a este enfoque.

Otro dato interesante es cómo algunas de las iniciativas más importantes al respecto han nacido de asociaciones entre la sociedad civil y el sector privado, teniendo entre las más recientes el sitio web “Seguros en Internet”, un portal informativo sobre diferentes tipos de violencia digital que afectan a los niños y adolescentes y que al mismo tiempo es una herramienta que permite a los usuarios denunciar estas conductas en Internet. El portal es fruto del esfuerzo de la Red Peruana contra la pornografía infantil y la empresa Telefónica del Perú.

No obstante estos esfuerzos, la articulación todavía no es tan fuerte como sí lo es en otros países de la región en donde existen estudios y publicaciones sobre violencia digital bastante completos como los realizados por la ONG Fundación Karisma de Colombia o el colectivo/periódico feminista Mujeres en Red.

¿Cuáles son los retos para combatir la violencia digital?

Sin duda, el principal reto para el gobierno que entre en julio de 2016 reside en incluir en su plan de trabajo políticas públicas que apunten a promover y difundir la construcción de entornos digitales seguros y libres de violencia para los usuarios. Una buena forma de hacerlo sería que el CODESI a través de sus mesas de trabajo empiece a hacer hincapié en la necesidad de articular la forma en que el Estado responde a la violencia digital como parte del desarrollo de la Agenda Digital Peruana 2.0.

De lo anterior se desprende que debe existir también un replanteamiento de la forma en que las leyes penales están respondiendo a este tipo de violencia en específico. Se debe buscar cubrir los vacíos, pero sin criminalizar Internet o cargar responsabilidad sobre los intermediarios de servicios, lo que sería más bien un retroceso y un atentado contra derechos fundamentales como la libertad de expresión.

En el mismo sentido, y como ya lo vienen haciendo algunas empresas y organizaciones de la sociedad civil, es imprescindible comenzar a trabajar en este tema desde las diferentes trincheras, pero encontrando los espacios en común para generar respuestas más coherentes a los problemas que la violencia digital genera a los usuarios actuales y a los que vendrán a medida que más peruanos se conecten a Internet.

En definitiva, urge comenzar a moverse sobre un tema que ya se encuentra en discusión en el mundo, pero que en el Perú aún no ocupa un espacio sobre el cual podamos sentarnos a discutir de forma coordinada. Si bien el Estado tiene un papel primordial, todos los demás actores estamos llamados a jugar un rol importante en este esfuerzo. De no hacerlo, la lucha integral contra la violencia digital seguirá siendo una agenda pendiente.

Foto: jain12767.blogspot

https://hiperderecho.org/2016/03/combatir-la-violencia-digital-en-el-peru-una-agenda-pendiente/

Violencia digital y violencia digital de género

por Hiperderecho

4 OCTUBRE, 2019

Por: Candy Rodríguez*

Las tecnologías digitales han tomado un papel muy importante en las comunicaciones y en el desarrollo individual y colectivo de las poblaciones; se han introducido progresivamente en nuestro tejido social, cultural, económico y político. Junto con este desarrollo las violencias digitales han crecido exponencialmente al igual que el alcance de las TICs. Por esto, es de suma importancia nombrarlas y visibilizarlas.

Las poblaciones latinoamericanas hemos sufrido diversos tipos de afectaciones a nuestros derechos fundamentales en el espacio digital. Sin embargo, las mujeres y las personas LGBTIQ+ afrontamos situaciones de riesgo adicionales porque el espacio digital está construido y constituido bajo lógicas machistas, androcéntricas y patriarcales que perpetúan sistemas de discriminación y violencia estructural que nos colocan en una posición más vulnerable en línea.

La violencia a través de las tecnologías de la información, violencia en línea, ciberviolencia o violencia digital son formas de agresiones sistemáticas contra los usuarios/as que se pueden presentar a través de espionaje estatal o privado, monitoreo, filtración de datos, brechas digitales, acoso y extorsión por parte de actores público y privados.

La vigilancia gubernamental en Latinoamérica como forma de violencia digital

América Latina no está lejos de estas formas de violencia, ya que la vigilancia estatal y la filtración de datos por parte de las empresas privadas permea nuestro contexto. El proyecto Necessary and Proportionate liderado por la Electronic Frontier Foundation documentó los mecanismos legales existentes en trece países latinoamericanos donde la vigilancia gubernamental amenazaba derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información, y la libertad de asociación. Estos reportes también coincidieron en señalar la ausencia de mecanismos de control y supervisión sobre la efectividad y la proporcionalidad de estas prácticas estatales.

Gobiernos de países como Perú y México han espiado y perseguido a su población a través de softwares de espionaje legales e ilegales con el pretexto de salvaguardar la seguridad de la población y la nación. Los dos países se han visto involucrados en prácticas que violan derechos humanos básicos en el espacio digital.

Perú ha monitoreado en diversos grados a su población a través de los mecanismos de obtención de información y “reglaje” de la Dirección de Inteligencia Nacional del Perú (DINI). El caso del Decreto Legislativo 1182 es uno de los que más revuelo ha causado porque fue promulgado directamente por el Poder Ejecutivo sin ser discutido o votado en el Congreso. A través de esta ley, el gobierno peruano le dió poder a la Policía de acceder sin orden judicial a la ubicación de cualquier usuario de celulares y ordena a las empresas a guardar los datos de tráfico de todas las comunicaciones del país por hasta tres años. Esto convierte a cualquier persona en ”sospechosa”, el espionaje no es justificado, la “investigación” es realizada en “secreto” y ni siquiera son notificado/as cuando se concluye el proceso. Esto representa una grave violación a la privacidad de los y las peruanas.

En el caso mexicano, el espionaje por parte del gobierno se realizó de manera ilegal. En el año 2017 la organización mexicana R3D con apoyo del Citizen Lab, Artículo 19 y SocialTIC publicó el informe #GobiernoEspía. En este trabajo revelaron cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto robó información personal y obtuvo acceso, desde diferentes aplicaciones, a los dispositivos móviles y cuentas personales de periodistas, defensores, activistas y comunicadores con oposición a su gobierno durante los años 2015 y 2016 a través del malware Pegasus.

La violencia digital no solo es ejercida por parte de privados, sino también por parte de los Estados. Existen algunas otras modalidades de violencia que se han comenzado a evidenciar en países de la región, como la violencia digital contra las mujeres y comunidad LGBTIQ+ o violencia digital de género que comienza a permear la discusión pública de países como México y Perú.

Violencia digital de género

A las poblaciones de Perú y México se les ha espiado por ser “sospechosos” de algún crimen o por tener ideas “disidentes” a los gobiernos en turno. Sin embargo, cuando eres mujer y habitas el ecosistema digital, se suman formas de violencia muy parecidas a las del espacio offline. La violencia de género no es nueva, la violencia a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación sí y cada vez encuentra más formas para silenciar y excluir a las mujeres del espacio digital.

Como lo hemos documentado a través de nuestro informe Conocer para resistir: Violencia de género en Perú, la violencia digital de género se encuentra intrínsecamente ligada a la violencia sistémica offline y en la mayoría de las ocasiones las agresiones digitales son antecedente o subsiguientes a violencias feminicidas. Las discriminaciones por motivos de raza, género, clase social y edad, para las mujeres en América Latina, incrementan las posibilidades de que sufran algún tipo de violencia durante su vida.

La UNESCO a través de su informe A world-wide wake-up call define que la ciberviolencia traspasa las fronteras, la raza, la cultura y daña profundamente a las víctimas, a las personas que las rodean y a la sociedad en general. Es decir, cualquier mujer o niña con o sin acceso a la tecnología está expuesta a ser víctima, lo que repercute directamente en el empoderamiento e igualdad para las mujeres.

La violencia digital de género tiene como consecuencia un impedimento a la inclusión digital de la comunidad LGBTIQ+ y de las mujeres-. Al no contar con un libre acceso a las TICs y el ecosistema digital perdemos derechos esenciales para nuestro pleno desarrollo como lo son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y a la no discriminación.

Este tipo de violencia engloba la falta de perspectiva de género en la creación de políticas públicas, la poca información gubernamental respecto al acceso de las mujeres a la tecnología, la falta de creación de estadísticas con perspectiva de género que dé cuenta sobre la ciberviolencia y el poco acceso de las mujeres a carreras afines a la ciencia y tecnología, esto agudiza el rezago digital.

La brecha de uso por parte de las mujeres también es un problema a nivel mundial que se origina por el temor a ser víctimas de agresiones digitales o por la preocupación a perder nuestra privacidad en el espacio digital, esto resulta en menos acceso de las mujeres a la tecnología.

Las mujeres también somos estigmatizadas por ejercer nuestra sexualidad de manera libre a través de las TIC. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento es una forma de violencia digital con componente de género porque existe una hipersexualización de nuestros cuerpos. A través de estos contenidos algunas mujeres han sido víctimas de sextorsión y en algunos otros casos se les ha inducido al suicidio.

Todos estos factores al mezclarse perpetúan sociedades desiguales en las que las mujeres se concentran en los ámbitos privados -el hogar y la crianza- y los hombres en los espacios públicos -creación tecnológica-. La exclusión, invisibilización y la falta de información para las mujeres reproducen un sistema patriarcal en el que se nos educa bajo la idea de que nosotras no tenemos la capacidad de ser creadoras, ni usuarias de ciertas herramientas, esto convierte a la violencia digital de género en un problema sistémico que nos encadena a una vida precaria.

* Candy Rodríguez es Licenciada en Comunicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y Google Policy Fellow en Hiperderecho durante el 2019. También es co fundadora de la Colectiva Insubordinadas y del Hacklab Feminista La Chinampa. Integrante del colectivo chileno acoso.online.

Foto: Paul Esch-Laurent para Unsplash

Hiperderecho

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